jueves, julio 12, 2007

DIÁLOGO Y RESPETO

Por PEDRO F. MERCADO CEPEDA, Pbro.

He leído con gran interés los artículos que la columnista Lola Salcedo Castañeda ha dedicado en los últimos días a la defensa de los derechos de la colectividad GLTTBI (Gays, Lesbianas, Transexuales, Travestis, Bisexuales e Intersexuales). Comparto plenamente algunas de sus afirmaciones, pero disiento igualmente de muchas otras. Estoy particularmente de acuerdo con cuanto se refiere a la imposibilidad de imponer unilateralmente las propias creencias y valores a la comunidad política y a la sociedad. Y no podía ser de otro modo: la Iglesia Católica es bien consciente de ello. Tres décadas antes de que la Constitución colombiana definiera la naturaleza “laica” del Estado, el Concilio Vaticano II reconoció y promovió la legítima autonomía e independencia de las instituciones públicas. El mismo Concilio estableció, por otra parte, los patrones que rigen actualmente las relaciones de la Iglesia con los diversos estamentos de la sociedad: diálogo y apertura, son los paradigmas de esta diversificada relación de respeto y cooperación.

A excepción del fundamentalismo islámico y del fanatismo de algunas sectas pentecostales, la mayoría de las creencias religiosas -en modo particular la religión Católica y el Judaismo- se han adaptado con gran rapidez a los nuevos dinamismos de la sociedad multicultural. El ocaso de la mentalidad confesional, del ideal de la religión de Estado, ha dado origen a una línea dialogante y propositiva, ajena a la intromisión o a la indebida injerencia política. Las grandes tradiciones religiosas de Oriente y Occidente, reconocen hoy plenamente que, en materia legislativa, la fe puede y debe actuar como “presupuesto valorativo” pero no como fundamento jurídico de una ley (ratio legis). Los creyentes estamos firmemente convencidos de que las decisiones políticas deben encontrar su fundamento último en los valores establecidos por la Constitución, salvaguardando así la independencia de los entes de gobierno frente a cualquier tipo de presión externa, religiosa, económica, social o ideológica. La historia demuestra que el “dogmatismo”, a veces inconsciente o encubierto, no ha sido nunca patrimonio exclusivo de la fe.

En este sentido, es necesario recordar que tampoco los intereses y valores de la comunidad GLTTBI pueden ser unilateralmente impuestos a la sociedad colombiana; deben someterse enteramente y en igualdad de condiciones a los complejos dinamismos del debate social y político. Los defensores y opositores del proyecto de ley sobre los derechos patrimoniales y sociales de la comunidad GLTTBI, tienen el deber de confrontarse dentro del marco jurídico establecido por la Constitución Política de Colombia. Los legisladores, todos ellos, son elegidos como representantes de la voluntad popular y no como portavoces de grupos de presión. La Iglesia Católica, por su parte, no ha pretendido ejercer en este debate un rol de tal naturaleza. No se puede pensar el Catolicismo como una lobby homófona. La Iglesia promueve, por el contrario, una visión incluyente y plural de la sociedad, respetuosa de los derechos y de las obligaciones de cada uno. Si algunos miembros del Parlamento han juzgado oportuno ahogar in extremis el controversial proyecto de ley, deben asumir su responsabilidad política y social, argumentando jurídicamente las motivaciones de su rechazo. Las creencias religiosas no pueden ser utilizadas como escudo protector. La comunidad GLTTBI, con toda razón, espera respuestas a sus inquietudes y exigencias. Pero la Iglesia no puede asumirse la responsabilidad mediática de una decisión que no entra en el marco de sus competencias.

El respeto a la diversidad no puede ser invocado de manera unívoca, porque es una realidad esencialmente relacional: también los valores religiosos –tan íntimos y personales como los de la opción sexual- tienen derecho a ser asumidos en el debate público con el respeto y la apertura que la comunidad GLTTBI exige para los suyos. Las descalificaciones apriorísticas no contribuyen al diálogo que debe establecerse entre las diversas corrientes de vida y pensamiento al interior de una sociedad abierta e incluyente.

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